Documento recoge propuestas pensando en el posconflicto. Víctimas y victimarios integran proyectos.
El Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), órgano consultivo del Gobierno en el sector, propuso este lunes una transformación de la educación superior que contempla temas como formación acorde con el sector productivo, que solo haya programas universitarios, técnicos y tecnológicos y un fuerte aumento en el presupuesto.
La propuesta se diseñó, según los voceros del Cesu, para ser aplicada en un eventual escenario de posconflicto y propende a una mayor integración en el sistema educativo de las regiones y a involucrar tanto a las víctimas como a los victimarios.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, destacó además que en 20 años la cobertura llegará al 84 por ciento de la población.
El documento fue presentado en la mañana, y por la tarde lo entregaron al presidente Juan Manuel Santos, para quien la propuesta permitirá hacer “realidad nuestro sueño de que Colombia sea la nación más educada de la región”.
“Nuestro compromiso es, y seguirá siendo, el fortalecimiento de la educación pública. Hoy tenemos una visión compartida sobre cuál debe ser la educación superior de calidad que requiere Colombia”, expresó el mandatario.
El documento Acuerdo por lo Superior 2034, como se llama, tiene diez ejes temáticos y 136 propuestas para que sean aplicadas por los próximos cinco gobiernos.
En la elaboración participaron representantes del Gobierno, rectores de las universidades públicas y privadas, profesores, el sector productivo y los estudiantes.
Los 4 puntos claves de la propuesta
1. Formación acorde con el sector productivo
El Acuerdo por lo Superior propone fortalecer el actual Marco Nacional para las Cualificaciones como el órgano encargado de clasificar y estructurar las competencias, habilidades y conocimientos de los estudiantes, para que sean acordes con las demandas del sector productivo del país.
En estos momentos hay en marcha un piloto de este Marco en cuatro formaciones: tecnologías de la información y las telecomunicaciones, agricultura, minería y turismo.
En la línea de lograr formación más pertinente, el Cesu propone que se fomente más la formación técnica y tecnológica que la universitaria. De hecho, esperan que para el 2034 se revierta la matrícula y proyectan que para el 2034 el 65 por ciento de los estudiantes de educación superior hagan parte de programas técnicos y tecnológicos, mientras que el 35 por ciento continuarían con un enfoque universitario.
2. Aumento presupuestal alcanzaría los 38 billones de pesos en el 2034
El Acuerdo considera indispensable un aumento escalonado y sostenido para lograr mayor cobertura y calidad de la formación y fomentar la innovación, la ciencia y la tecnología.
Propone que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo se aumente en 6 billones de pesos el presupuesto, valor que deberá incrementarse progresivamente, hasta alcanzar los 38 billones en el 2034. La idea es que para ese año se inviertan 2 puntos del PIB en innovación, ciencia y tecnología. Se contempla la utilización de herramientas presupuestales existentes, como el impuesto Cree, el Pro Estampilla Universidad Nacional y las regalías.
3. Solo dos tipos de formación: universitaria y técnica y tecnológica
El Acuerdo propone solo dos tipos de formación en educación superior: universitaria y técnica y tecnológica, que sean prestadas por igual por universidades y politécnicos. Además, plantea una mayor articulación de la educación superior con la básica y media. Según Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de La Sabana y representante de las universidades privadas ante el Cesu, hay muchas agencias del Estado que intervienen en el sistema y hay muchas instituciones de distinto orden, públicas y privadas, que brindan formación técnica, tecnológica y universitaria. Velásquez considera que esa dispersión “absurda” genera confusión en el sistema.
4. Crear Superintendencia Nacional de Educación
El Acuerdo propone la inclusión de diferentes mecanismos para garantizar la calidad y el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Uno de ellos es la creación de la Superintendencia de Educación, que asuma de forma independiente esta labor, que está a cargo de una oficina del Ministerio de Educación. Se propone, además, la puesta en marcha de una agencia nacional de calidad, que reemplace al Consejo Nacional de Acreditación, entidad encargada de otorgar los registros calificados para el funcionamiento de las instituciones y sus programas.
Gobierno dice que cobertura llegará a 84%
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, dice que la entrega de este documento al país es una muestra de que el Gobierno no se quedó con los brazos cruzados tras el retiro del Congreso, en el 2011, de la propuesta gubernamental de reforma de la Ley 30 de Educación Superior.
El documento está pensado para un escenario de posconflicto. ¿Cuál es su principal aporte en este tema?
Uno de los principales objetivos del documento es avanzar en acceso y cobertura y, en esta medida, uno de los principales aspectos para tener en cuenta es la inclusión. Si para el 2034 pensamos dar acceso al sistema al 84 por ciento de la población, necesariamente tenemos que pensar en quienes han hecho parte del conflicto armado. Esto incluye tanto a víctimas como a victimarios, y a todos los que se vieron afectados de alguna manera.
¿Cómo se piensa garantizar el cumplimiento de estos acuerdos?
El documento no debe ser visto como una reforma, porque el ejercicio va mucho más allá de eso. Al ser una propuesta de política, lo que se plantea es que muchos de los cambios se puedan generar sin que se deba pasar por trámites legislativos. Esperamos que las modificaciones que sean necesarias se puedan hacer de manera estructural y con la participación de toda la sociedad.
Una de las exigencias bandera de los universitarios era la gratuidad...
Desde el punto de vista fiscal, es imposible lograr este objetivo. A lo que debemos apuntar en este momento es a la equidad, puesto que sería lesivo para el sistema y profundamente injusto que las personas que provienen de entornos económicamente favorables no paguen nada. Este beneficio debe ser para los menos favorecidos.
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